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El derecho de acceso a la información pública, también reconocido como el derecho a saber, y la libertad de información en relación con los poderes públicos, implica el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de las entidades públicas. Un derecho que está en estrecha relación con el de Transparencia y desde la aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno, está reconocido como un derecho constitucional de configuración legal. La Ley 19/2013 regula este derecho en una doble vertiente; por un lado, como derecho de las personas a buscar y solicitar información esencial para conocer la acción pública, y por otro, la obligación de la administración de suministrarla o, en su caso, el derecho a recibir una respuesta fundamentada y motivada sobre la limitación del derecho a la información, que podrá impugnarse por vía administrativa y judicial.

     La Diputación de Salamanca con el fin de garantizar dicho acceso se compromete a:

 Establecer un sistema para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna, adecuando los procedimientos y aplicaciones existentes sin perjuicio de que transitoriamente se haya regulado el cauce de acceso de conformidad al Decreto 3404/2015
 

 

Diputación de Salamanca


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